PABLO ARIEL OLARTE CASALLAS
ADMINISTRADOR PUBLICO
EXDIRECTOR DE LA FUNCION PUBLICA-DAFP-
GERENTE: RACIONALIZAR S.A.S
No se puede desconocer la buena intención del Gobierno Nacional y del
Congreso de la Republica, al presentar y tramitar un reforma tributaria que
corrija los yerros de la anterior, absolutamente desconectada de la realidad
económica y social del país, “la normal” y a la que se le agrega las
consecuencias del explosivo virus covid19, que obliga a la sociedad en su
conjunto, a actuar como si Colombia se enfrentara a la más dura y
sangrienta guerra no convencional de todos lo tiempos, y que requiere el
ingenio y compromiso sincero sin mezquindades de todos los ciudadanos .
Solo Me referiré en este articulo al tema del gasto público y a la propuesta
de racionalización de este, contemplada en el proyecto de reforma
tributaria presentada por el Gobierno del Presidente Duque, denominada
“proyecto de inversión social” y sobre el que la ponencia mayoritaria
aprobada por el congreso en primer debate, lo sustituye por una similar del
texto propuesto en el que se ordena iniciar un plan de austeridad por 10
años, entre el 2022 y el 2032 para ahorrar 1,9 billones por año.
Con este propósito se limitarían las compras de “bienes y servicio, se
bajarán gastos de viaje, papelería, publicidad, vehículos y combustibles,
teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos, y
arrendamiento. Complementariamente el gobierno deberá llevar ante el
congreso un proyecto para reducir en mínimo 5% anual, por un periodo 5
años, las transferencias a las regiones, sin contar las de rango Constitucional
y las del Sistema General de Participaciones entre otras”. En fin, una
miscelánea de gastos que los podríamos llamar gastos varios o también
como hoy los denominan algunos economistas gastos hormiga, (que sin
duda hacen mucho daño a las finanzas públicas y hay que atacarlos) mas no
es una propuesta estructural, nueva e ingeniosa, por supuesto necesaria,
pero que no debe sorprendernos toda vez que es deber del gerente público
asignar correctamente los recursos y atender las políticas de austeridad del
gasto. Esa es una responsabilidad diaria del Gobierno en todos los niveles y
en todas las instituciones; para eso no se necesita de una ley ni del desgaste
de una reforma tributaria.
Lo que el país si necesita es una profunda, técnica, creativa e integral
Reforma Administrativa de todas las entidades públicas, independiente de
su rama administrativa, sector o nivel de gobierno, que es una apuesta
inequívoca que ha de contribuir de manera estable y perdurable con unas
finanzas públicas sanas y con la solución a la creciente y aberrante
desigualdad social que nos señala como uno de los países mas desiguales
del mundo.
No confundamos la austeridad que no es estratégicamente aconsejable en
épocas de crisis (tampoco derrochar) o de guerra no convencional como el
símil de que hablamos antes, sino que hablemos de eficiencia y
transparencia en el gasto público, que nos otra cosa que invertir en
desarrollo; educación, salud, subsidios para los mas pobres, medio
ambiente, empleo, vivienda, infraestructura entre otros. El problema no es
gastar, el problema es gastar mal, o mejor, el gasto no debe existir porque
todo lo que sale de los ingresos públicos y generen un valor agregado cierto
a la sociedad es inversión, aunque la ley de presupuesto diga lo contrario al
clasificarlo por razones técnicas en otro rubro.
El Gobierno pide facultades extraordinarias para crear, suprimir y fusionar
entidades que se han utilizado en el pasado para hacer de la administración
pública una verdadera colcha de retazos y de reprocesos institucionales ,
por ejemplo , se suprimen entidades que después observan eran necesarias
( fusión del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo), se crean otras
necesaria y pertinentes y después no se ponen a funcionar por intereses
políticos o fiscales (Unidad de Planeación del Sector Transporte y comisión
de regulación del mismo sector, por ejemplo); o cuando una entidad no
funciona administrativamente, se elimina independientemente que sea
necesaria o cuando estalla un escandalo de corrupción y hay que
ejemplarizar se suprime sin pensar que es pertinente para los fines del
Estado. Esto sucede porque las reformas no son consecuencia de
verdaderos procesos de planeación administrativa, en los que la
transformación institucional responda a criterios técnicos. El problema no
es discutir y cuestionar el numero de ministerios per se, (a propósito, en
este gobierno se han creado varios), el problema es si son pertinentes, si le
agregan valor al deporte, la ciencia, al medio ambiente, la cultura o no. Ahí
se anida el verdadero debate, no si son muchos o pocos, la pregunta
también es si ¿son eficientes o no?, eso lo dicen sus indicadores y si son
transparentes eso también se puede medir (ley de transparencia).
Otro tema en cuestión es el de la congelación de la nominas en el sector
público. Hoy todo lo contrario a lo que se cree, tenemos plantas de personal
que son insuficientes frente a los procesos y procedimientos sobre los
cuales se materializa la gestión pública; anticuados, lentos y paquidermos,
manuales y jurásicos, no incorporan las tecnologías modernas de
sistematización y automatización de procesos como los BPM (business
process managemen o administración de procesos de negocio), entre otras
herramientas hoy disponibles en el mercado de la tecnología.
Como “solución” se han contratado un ejercito de contratistas vinculados
por OPS, ( órdenes de prestación de servicios), sin que medie procesos de
selección idóneos, donde lo que pesa es la recomendación política en la
mayoría de casos ( les dejo una inquietud muchos procesos de contratación
en las entidades publicas están en manos de contratistas y los contratista
en manos de los políticos), los que han ganado en la práctica una estabilidad
cuestionable por el tiempo que llevan y por las funciones que desarrollan,
como las llama la Procuraduría General de la Nación “ Desarrollan funciones
con vocación de permanencia” y que son una verdadera bomba de tiempo
para las finanzas Públicas frente a posibles demandas laborales, de no
resolverse esta situación de raíz. No es sino revisar las sentencias de la Corte
Constitucional C-14 de 2009 y C-71de 2012, y revisar los alcances de los
acuerdos con la OIT en materia de formalización del empleo público, esto
es para preocuparse.
En materia de transparencia y lucha contra la corrupción hay que combinar
creativamente todas las fuerzas de lucha, sin embargo, una premisa
fundamental de su combate certero es contar con una administración
pública eficiente y transparente, como bien lo dice la tratadista Española
Adela Cortina, una de las estudiosas más importante del mundo en materia
de moral, ética y corrupción:” la corrupción bebe en la fuente de la
ineficiencia”. Lo que para la transparencia es irracionalidad; que los
procesos, trámites y decisiones en la administración pública sean lentos,
dispendiosos, costosos y traumáticos. Para las prácticas corruptas son
perfectos, pues ello garantiza poder continuar con el negocio, y la idea es
que este no se acabe nunca. Cuando hay coima de por medio los procesos
y trámites corren como por arte de magia (y son legales).
Hemos expuesto aquí de manera general una serie de reflexiones, que en
las condiciones actuales del país no se resuelven con una propuesta
simplista de austeridad en el gasto, si no con un propósito cierto,
estructural, planificado, técnico y sistemático de modernización de la
administración pública colombiana, que no solo contribuya a la buena salud
de las finanzas públicas de nuestro país, si no que fortalezca la inversión
social y contribuya de manera efectiva al desarrollo económico de toda la
sociedad en su conjunto.
No hay que olvidar también que la ineficiencia y la corrupción asociada a
ella disparan los costos de transacción en el mercado y hacen menos
rentables y competitivas a las empresas y afectan de manera directa el
empleo y las finanzas públicas.
¿Porqué no pensar más bien, en los próximos 10 años emprender una gran
misión permanente de modernización de la administración pública
colombiana con expertos nacionales e internacionales? como la Misión
Currie y Hirschman que, en 1949, contribuyeron significativamente a darle
forma a la administración pública colombiana? Conformada en su época
por 14 expertos extranjeros del mas alto nivel y reconocimiento mundial en
sus campos y con 16 asesores colombianos de reconocida trayectoria en las
principales áreas económicas, sociales y administrativas. Currie dirigió en
1950 la Misión de Reforma de la Administración Pública a gran escala,
misión que contribuyó a fortalecerla, creando las bases para la histórica
Reforma administrativa de 1958, que se materializó con la ley 19 del mismo
año, y de la que hoy se erigen varias instituciones importantes como el DNP,
el DASC hoy el Departamento Administrativo de la Función pública-DAFP- y
la ESAP. Hagámosle, el país lo necesita.